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- NO A LA POLICÍA DE INTERNET -
Si los gobiernos de turno siguen siendo influenciados, e incluso en cierta medida sobornados, por los poderes artísticos, dentro de poco, ni los pajarillos podrán cantar, ni los grillos hacer cri… cri…, ni los demás animales hablar a su manera como siempre lo han hecho; dentro de poco, de seguir así, los humanos tendremos que comprar bonos, para poder hablar cierta cantidad de palabras cada día, ya que dentro de poco, habrá personajillos con los derechos de autor de nuestras palabras, que podrán hacernos pasar por sus cajas, si queremos seguirnos comunicando; dentro de poco personas como yo, con el don de improvisar y ordenar palabras para hacer poesía, no podremos disponer libremente de nuestro patrimonio literario, sin pedir permiso a esa futura policía de internet, a las órdenes de malvados e interesados intermediarios recaudadores, amigos del poder establecido por los votos a menudo mendigados en su día, por medio de las numerosas promesas siempre después incumplidas.
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Comisión de Propiedad Intelectual, ese es el nombre del nuevo órgano formado por ’’expertos independientes’’ que se encargarán de vigilar la red, y asegurar que no se cometen infracciones sobre la distribución de contenidos con derechos de autor, de forma ilegal.
La nueva Comisión de Propiedad Intelectual o Policía de Internet, como algunos ya la llaman, operará a nivel nacional y dispondrá de poderes que les permitirá bloquear páginas web y conexiones a Internet, a aquellos que alojen o faciliten enlaces de descarga a copias ilegales de contenidos sujetos a derechos como películas, música o juegos.
La Policía de Internet podrá ordenar el cierre de este tipo de web sin necesidad de estar autorizados por un juez, es decir, su juicio será la única herramienta que les otorgue el poder de cerrar portales con enlaces a archivos de descarga con derechos de autor.
En un principio, todo parece estar dentro del margen de la legalidad, aunque si profundizamos un poco, vemos como la Comisión de Propiedad Intelectual podría operar en contra de muchas sentencias, en las que se ha concluido que el ofrecer enlaces a archivos ilegales no implica cometer una infracción, sino que es culpable el que aloja dichos contenidos. Hablamos de portales de alojamiento como los que todos conocemos y operan en la red sin ningún tipo de control.
Como ciudadano, también tengo derecho a opinar, y mi ética me dice que el Gobierno vuelve a pasar por alto a los ciudadanos para favorecer a unos pocos que no saben adaptar su mercado (ya obsoleto) a las nuevas plataformas y tiempos.
El quinto punto de la enmienda creada por el Gobierno (corte sin orden judicial), sobrepone los derechos de autor a los derechos fundamentales de las personas como a ser juzgado, poder defenderse o respetar la presunción de inocencia.
No apoyo la piratería, pero si me niego a aceptar que se implanten regímenes totalitarios en Internet, en los que una serie de políticos decidan lo que está bien o no, sin el control del poder judicial, algo que como ya hemos visto en otras situaciones (SITEL), vulnera por completo la privacidad de los ciudadanos y por tanto, sus derechos.
¿ Qué os parece la noticia ?
FUENTE: www.configurarequipos.com/actualidad-informatica/
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SENÉN CAMPOS MACEIRAS
A ESTRADA - 02/12/2.009
- MANIFIESTO EN CONTRA DEL ATROPELLO DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN INTERNET -
- M A N I F I E S T O -
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos , como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español , perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
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SENÉN CAMPOS MACEIRAS
A ESTRADA - 03/12/2.009
