Cuando, hace cinco días, UPyD defendió en el Congreso de los Diputados la necesidad de limitar las retribuciones de los exjefes de Gobierno, los dos grandes grupos de la Cámara manifestaron un rechazo radical a la propuesta: de «demagógica y efectista» la tacharon los diputados del PP, mientras los del PSOE manifestaban que solo servía para «desprestigiar» a los políticos. Es dudoso, sin embargo, qué desprestigia más a los políticos: si el privilegiado sistema de remuneración ahora vigente o que tal sistema fuera reformado para acabar, precisamente, con sus injustificados privilegios. Juzguen ustedes mismos. Los expresidentes de Gobierno tienen asignada legalmente una pensión de en torno a 80.000 euros anuales, cuyas características son esencialmente las siguientes: esa pensión es vitalicia y, por tanto, no depende en su duración del tiempo que se haya ocupado la presidencia del Gobierno; es compatible con la obtención de remuneraciones procedentes del sector privado, de modo que sus beneficiarios pueden cobrarla y cobrar al mismo tiempo -como hacen González y Aznar- magníficos sueldos de una o más empresas; y, por si todo ello no fuera suficiente, la pensión de expresidente es igualmente compatible con el sueldo de consejero de Estado (en torno a 70.000 euros al año), pues los exjefes de Gobierno que decidan incorporarse al Consejo, como acaba de hacer ahora Zapatero, pasan a ser miembros natos de ese órgano. Ello significa, dicho en dos palabras, que los expresidentes tienen en realidad derecho a dos pensiones: la que cobrarán como exjefes de Gobierno y como miembros del Consejo de Estado, al que pertenecen, obviamente, en esa misma condición. ¡No es mal doblete! Pero es que, además, si encuentran una empresa o más empresas que contraten sus servicios, puedan entrar en sus nóminas sin verse por ello amenazados de perder la pensión a la que tienen derecho por la ley. En realidad, la única justificación de esa pensión -facilitar la reincorporación al mercado de trabajo de quienes por el cargo que han ocupado podrían tener problemas para reiniciar su vida laboral- desaparece por completo cuando se convierte en una pura y simple canonjía, cuya finalidad es asegurar que quien ha sido presidente quede en condiciones de vivir sin trabajar el resto de su vida. El sistema es perverso y no ayuda, precisamente, a poco que se piense, a prestigiar a la política, sino a todo lo contrario. La política tiene el prestigio que se merece cuando quienes la practican expresan a través de su dedicación a un cargo público una vocación de servicio a la comunidad. Pero cuando la política se convierte, en grandes proporciones, en el medio de progreso social y económico de quienes no pueden progresar de otra manera, es decir, cuando la clase política está formada en significativos porcentajes por personas que no han trabajado jamás fuera de ella, que carecen de verdadera profesión y que pretenden resolver en ella su futuro, el desprestigio de la política acaba por ser inevitable. Es así incluso cuando no hay crisis económica. Cuando la hay, y uno de cada dos jóvenes no encuentra el empleo que busca debajo de las piedras, los privilegios de la política y los políticos sublevan, con razón, a millones de personas.
Conservadores y socialistas reeditaron la alianza que les permitió tumbar en la anterior legislatura cualquier intento de los grupos minoritarios del Congreso por acotar las prerrogativas de los expresidentes del Gobierno. PP, PSOE y CiU cerraron el paso a la iniciativa de UPyD que pretendía limitar las pensiones públicas que acolchan su retiro y declararlas incompatibles con los ingresos privados. Su proponente, Carlos Martínez Gorriarán, apeló a la "ética pública" para defender la iniciativa de su grupo. "Si al 99,9% de los ciudadanos se les prohíbe compatibilizar pensiones públicas y retribuciones privadas, estamos hablando de un privilegio y nosotros abogamos por el principio de igualdad ante la ley", justificó, invocando también la "ejemplaridad" que se espera de quien ha ostentado responsabilidades tan altas como las de un jefe del Ejecutivo. La iniciativa ha recorrido ya varias veces el viaje de ida y vuelta en el Congreso, cobrando especial vigencia hace un año, después de que se hiciera público el fichaje del expresidente Felipe González por Gas Natural con un sueldo mínimo de 126.000 euros anuales y tras conocerse el desembarco de José María Aznar en Endesa por 200.000 euros que se suman a otros ingresos que superan el millón de euros anual en otras firmas privadas. Ambos perciben del Estado, además, 80.000 euros anuales de pensión vitalicia en su calidad de expresidentes. Una u otra. O pensión pública o retribución privada. "Que tengan que elegir", resumió intenciones Gorriarán. Desde ERC, Joan Tardà consideró "impúdica" esta compatibilidad de ingresos. El diputado republicano reprochó a PSOE y PP que hayan "blindado la jubilación de oro de Aznar y Felipe González". José Luis Rodríguez Zapatero, el último expresidente en abandonar la Moncloa, no se encuentra en esta situación al haber optado por incorporarse al Consejo de Estado limitando así su actividad a la esfera pública. Simultanear ingresos públicos y privados es "injurioso e insultante para muchas familias y este sería el momento de dar ejemplo", criticó Joan Baldoví, de Compromís-Equo. José Luis Centella, portavoz de IU-ICV-CHA consideró oportuna la propuesta de UPyD para ayudar a que los ciudadanos "recuperen la credibilidad en los políticos". "Hoy nos piden ejemplo. Sean ustedes conscientes de lo que votan. Hoy tenemos que ser gente mucho más que políticos", apeló en vano al hemiciclo.
"A setas o a Rolex"
El representante del PNV, Aitor Esteban pidió a los expresidentes que estén "a setas o a Rolex". "Un político, un sueldo", simplificó, coincidiendo con el objetivo último de la iniciativa a pesar del tachón que hizo al grupo proponente, el partido de Rosa Díez: "Hoy traemos la política espectáculo al hemiciclo. Por el mensaje que se ha querido enviar desde el proponente, rodeado de moralina y demagogia, veo que las iniciativas de su grupo van a ir por la política espectáculo". El mismo planteamiento utilizó por parte de CiU Jordi Jané para desmarcarse de la iniciativa. Jané criticó a UPyD por la actitud "oportunista" de "buscar lo que en estos momentos puede vender, la política espectáculo de la que quiere apartarse CiU. "Política leve", acuñó el diputado del PSOE, Ignacio Sánchez Amor para contraponer el distinto rasero de los partidos que tienen o han tenido responsabilidad de gobierno y los que nunca lo han desempeñado y no conocen la diferencia "entre predicar y dar trigo". Sánchez Amor acusó a UPyD de dejarse guiar "por el estado de opinión de las encuestas". "Puede ser muy popular, muy populista, pero aporta muy poco al sistema político este experimentalismo irreflexivo", argumentó el parlamentario socialista.
"Argumentos facilones"
"Mientras usted se ocupa de dos personas [Aznar y González], el PP se ocupa de 5.300.000 personas sin empleo en España. Evite los argumentos facilones", replicó a UPyD el diputado del Grupo Popular Pedro Gómez de la Serna, que minusvaloró la iniciativa defendida por Gorriarán tildándola de simplemente "efectista". "Tiene pegada, pero de ahí a decir que supone un paso en la regeneración democrática, no. No estamos de acuerdo", concluyó el diputado del PP.
Y CON TODO ESTE PANORAMA, LOS ESPAÑOLES LES DECIMOS A LOS POLÍTICOS QUE...
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SENÉN CAMPOS MACEIRAS
A ESTRADA - 19/02/2.012
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