Gerard Martínez García Madrid 30 ABR 2013 - 20:44 CET
Se llamaba Halima y tenía dos niños. El pasado 22 de abril, fue ejecutada de un disparo ante una turba de 300 personas en una aldea de la provincia de Badgis, al noroeste de Afganistán. Su crimen: ella, una mujer casada, se había fugado con uno de sus primos durante 10 días. Aunque su marido había emigrado a Irán dejándola en su país, el veredicto fue inmediato: adulterio, y la condena, implacable. El verdugo conocía muy bien a la víctima, era su padre. De nada sirvió que el primo de la joven de entre 18 y 20 años se arrepintiera de su gesto y la devolviera a su familia. Su padre pidió consejo a tres líderes religiosos del pueblo para lavar la afrenta hecha al honor familiar. Los “sabios” vinculados con los talibanes lo vieron claro y aplicaron la sharía —ley islámica—: Halima debía ser ejecutada en público por su propio padre.
La ONG Amnistía Internacional ha denunciado este martes en un comunicado “la violencia endémica” que sigue golpeando a las mujeres en Afganistán y la falta de reacción de las autoridades ante este tipo de actos. El Gobierno afgano aprobó en 2009 una Ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer que, en teoría, debía sancionar los matrimonios forzosos, las violaciones, y la violencia física contra las mujeres. En la práctica, la ley ha servido de poco en un país donde, con frecuencia, son los líderes religiosos o las propias familias quienes ejercen la justicia. “Las mujeres no solo se enfrentan a la violencia de su propia familia por razones de ‘honor’, sino que, a menudo, sufren violaciones de derechos humanos por decisión de tribunales tradicionales e informales”, explica Horia Mosadiq, experta de Amnistía Internacional. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (CIDHA) ha registrado más de 4.000 casos de violencia machista en el país entre marzo y octubre de 2012, un 28% más que en el mismo periodo del año anterior. Por desgracia, los autores consiguen escapar a menudo sin ser condenados por sus crímenes. “Los responsables se enfrentan muy pocas veces a la justicia”, lamenta Mosadiq. El padre de Halima y los tres “jueces” que mandaron asesinarla no han esperado a ver si las autoridades les iban a juzgar. Tras haber asegurado el honor de la familia de la joven, huyeron y están en paradero desconocido. Puede que algún día regresen a sus casas e incluso que integren las fuerzas del orden. Según la CIDHA, la policía afgana de Badgis ha reclutado en varias ocasiones individuos sospechosos de violentar a las mujeres, incluido un comandante talibán y 20 de sus hombres implicados en la lapidación de una viuda de 45 años en 2010.
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