- EL RESCATA DE ESPAÑA YA CASI ESTÁ PEDIDO -
Los primeros que cobrarán del rescate autonómico serán los bancos; las universidades, las últimas
Primero, que se pague a la banca. Y lo último, a las universidades.
La orden es taxativa. Y se la hace el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a las comunidades autónomas que decidan acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Al rescate, en resumidas cuentas. La directriz figura en el Programa para la aplicación del mecanismo de apoyo a la liquidez de las CCAA remitido a los Gobiernos regionales el pasado lunes. El documento, de 14 páginas y al que ha tenido acceso Público, detalla todas las premisas que deberán asumir, inexcusablemente, las comunidades que soliciten el rescate y que esbozó el real decreto ley que dio vida al FLA, el pasado julio. Si incumplen, se expondrán a la intervención del Estado, una amenaza bien presente a lo largo de todo el texto, explicitada en repetidas ocasiones y posible gracias a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Por lo pronto, el pliego de condiciones afecta a las cinco autonomías que han mostrado su intención de acudir al FLA: Catalunya –la primera en acogerse al fondo y la primera que recibe el dinero–, País Valencià, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Entre las cinco, suman una petición global de 15.800 millones de euros –el 87,8% del total, 18.000 millones–. El programa redactado por el Ejecutivo fija de modo taxativo cómo deben pagar las CCAA sus agujeros una vez reciban la ayuda del FLA. Según la prelación marcada por Hacienda, los pagos por intereses de la deuda son los primeros que deben ser satisfechos. Después vienen las deudas con Hacienda y las cotizaciones a la Seguridad Social. En tercer lugar, las facturas pendientes a los proveedores (contratos de obras, concesiones administrativas, conciertos sanitarios, educativos y de servicios sociales, convenios con farmacias, encomiendas de gestión...). Siguen las subvenciones cofinanciadas por el Estado u organismos supranacionales que sin embargo sean gestionadas por los Gobiernos regionales. Y por último, en quinto lugar, se atenderán las "subvenciones o transferencias a entidades locales y universidades". O sea, lo dicho más arriba: primero, la banca; luego, las universidades. Nada extraño, no obstante, teniendo en cuenta que la reforma constitucional pactada el año pasado por PP y PSOE priorizaba de forma "absoluta" el pago de la deuda.
Tipo de interés reducido
El texto señala que el dinero sólo servirá para "atender las necesidades adicionales de financiación del déficit público (no vencimientos)" y "únicamente podrán destinarse al pago de los intereses de la deuda, deudas y sanciones tributarias, proveedores y subvenciones". Sólo para eso. Las CCAA no podrán, por tanto, realizar operaciones de Bolsa, ni operaciones de crédito en el extranjero, ni pagar nóminas. Las disposiciones que vaya haciendo el fondo se ajustarán "a un calendario por tramos mensuales", y una vez determinados estos, la comunidad remitirá al Ministerio de Hacienda una relación de facturas pendientes de pago validadas por el interventor general. El Estado no da el dinero gratis, obviamente. El tipo de interés que deberá abonar la comunidad "será suficiente para, al menos, cubrir todos los gastos financieros y demás costes en que incurra el FLA". ¿Pero cuál será el tipo de interés? El documento dice que "tendrá en cuenta los costes de financiación del FLA al plazo equivalente a la vida media del préstamo que se conceda, incluido el rendimiento de la deuda del Estado en el mercado secundario más un margen de 30 puntos básicos". O sea, que se cobrará el coste de financiación del FLA más tres décimas, un tipo "reducido", como prometió el Gobierno. El Estado, a su vez, podrá garantizarse el cobro quedándose a cuenta con los recursos de las siguientes partidas del sistema de financiación autonómico.
Se orienta la política económica
Hacienda incluye otro apartado con otras condiciones. Una vez que el Consejo de Gobierno de la comunidad acuerde requerir el rescate, deberá presentar a Hacienda un plan de ajuste que asegure el cumplimiento del objetivo de déficit y de deuda. Lo cierto es que muchas CCAA tenían aprobado desde meses atrás un programa de recortes, porque se les exigía para poder acogerse al plan de pago a proveedores o a la línea ICO vencimientos. En estos casos, los Ejecutivos regionales deberán pactar con el departamento de Cristóbal Montoro todas las modificaciones pertinentes de ese plan para garantizar que no hay desviación del techo de déficit. Para este año, el objetivo es del 1,5%, y para 2013, el 0,7% del PIB. Pero el programa de ajuste deberá incorporar "el compromiso de avanzar en la reducción del sector público autonómico, la supresión de las barreras o trabas al mercado interior, así como la eliminación de cargas administrativas para empresas y autónomos, así como cualquier otra reforma estructural destinada a aumentar la competitividad y la flexibilidad económica". El Ejecutivo de Mariano Rajoy impone así las medidas de recorte igual que a España se las impone Bruselas. El Estado incluso requiere a las comunidades que demanden el rescate que se comprometan a participar en un grupo de trabajo, integrado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que consensúe "buenas parácticas para racionalizar el gasto e incrementar el ahorro en materia sanitaria, educación, recursos humanos, gasto corriente, gestión administrativa...". Un grupo que alumbre, en consecuencia, más y más recortes, más y más formas de sacar la tijera. Especialmente dura es la parte del texto que alude a las labores de seguimiento y vigilancia. Las comunidades deben "permitir el acceso y remitir" a Hacienda toda la información precisa sobre sus cuentas, y deben estar sujetas a la "supervisión" del Gobierno central. De hecho, según se vayan acatando las condiciones, así se irán librando los tramos del préstamo. Ahora bien, advierte el documento, si el departamento de Montoro detecta "riesgos de incumplimiento" o desobediencia de los planes de ajuste, propondrá nuevas medidas, cambiar el calendario o, incluso, desplazar a la comunidad rebelde los hombres de negro del ministerio. Y si estos perciben que los planes de ajuste no se están llevando a cabo, que el Ejecutivo regional en cuestión no proporciona información o que se desmanda el déficit, automáticamente se activarán los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Es decir, la intervención del Estado previa autorización de la mayoría absoluta del Senado.
-----------
SENÉN CAMPOS MACEIRAS
A ESTRADA - 02/10(2.012
0 comentarios