He leído en la prensa que, desde las últimas elecciones de marzo y en plena crisis económica, se han producido al menos una docena de auto-subidas de sueldos decretadas por políticos de distintos colores, en las administraciones central, autonómica y municipal, lo que significa que han debido producirse casi un centenar, ya que las estadísticas dicen que suele publicarse apenas una de cada diez, porque la mayoría de esas subidas, por ser vergonzantes y mal asumidas por los ciudadanos, suelen mantenerse casi en secreto.
Mientras el país se encuentra atravesado por la crisis económica más dura de las últimas décadas, se pierden cientos de miles de puestos de trabajo, cierran miles de empresas y la inflación, superior al cinco por ciento, golpea a los más humildes, los políticos demuestran su arrogancia y falta de sensibilidad al auto-subirse sus sueldos.
La última en hacerlo ha sido la alcaldesa socialista de Jaén, que ha incrementado nada menos que en un 40 por ciento los sueldos de sus cargos de confianza. La afrenta se produce en una Andalucía intensamente sometida al poder político y que padece los efectos de la actual crisis con más virulencia que cualquier otra región de España.
Otro signo de insensibilidad ante la crisis y de arrogancia por parte de los políticos es el incontrolable engorde de la burocracia y del clientelismo, cuyo principal efecto es el incremento constante de las empresas e instituciones públicas y del número de cargos asesores y de confianza, un fenómeno que agrava la crisis económica y que es contrario a la austeridad que prometió Zapatero antes de las elecciones.
La propia Moncloa está liderando el absurdo movimiento de engorde de sueldos y de la burocracia improductiva al haber creado un nuevo ministerio, el de Igualdad, y al incrementar el número de los cargos de confianza del presidente Zapatero, además de subirles la categoría y el sueldo a muchos de ellos.
Por Francisco Rubiales & Co. en www.votoenblanco.com
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En la página 20 de el diario El País del pasado lunes 23 de noviembre leo una noticia (en columna) que se titula “Caixa Catalunya pide 1.100 millones en ayudas públicas para su fusión”. Resumo la noticia: esta caja de ahorros ha pedido a los responsables del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) entre 1.100 y 1.200 millones de euros para hacer frente a la fusión con Caixa Manresa y Caixa Tarragona. Caixa Catalunya quiere hacer frente, con este dinero, a los costes de reestructuración (cierre de 500 oficinas y 1.800 prejubilaciones y despidos aprox.). Será en la semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre cuando Caixa Catalunya comunique oficialmente la cantidad definitiva que solicita a los gestores del FROB. Ahí no acaba todo, a la cantidad que solicite esta entidad habrá que sumar las que soliciten Caixa Manresa y Caixa Tarragona, que también pueden beneficiarse del FROB en el proceso de integración.
En la página 23 del mismo diario aparece una entrevista a página entera a George Akerlof, Premio Nobel de Economía, que tiene como título “SUBIR LOS IMPUESTOS ES BUENA IDEA”.
Casualmente, acabo de recibir un correo de mi buen amigo Henry recomendándome el último libro del periodista Daniel Montero que lleva por título “La Casta” y que recoge, en 280 páginas, los privilegios de la profesión política (ed. La Esfera de los Libros). La presentación del libro recoge algunas frases que os apunto:
“Un español tiene una pensión máxima de 32.000 euros anuales, pero los políticos tienen derecho a pensiones vitalicias muy superiores. 74.000 euros. Además estas pensiones no son incompatibles con otros sueldos de la Administración o con otras actividades económicas. Un diputado o senador tiene que estar sólo siete años en el cargo para optar a la pensión máxima (32.000 euros), mientras que un trabajador autónomo o por cuenta ajena necesita 35 años cotizados.”
“BONO, JOSÉ: entre sueldo y complementos, el presidente del Congreso cobra 1.856 euros al mes: 3.126 por diputado, 3.605 como complemento, 3.915 para gastos de representación y 3.210 de libre disposición. Las dos últimas partidas suman más de 6.000 euros mensuales para comidas, regalos y actos de protocolo”.
“SOLBES, PEDRO: tras dejar la política en abril de 2009, se encontró con un retiro de unos 12.000 euros mensuales (una pensión de 2.725 euros por ser funcionario, su pensión vitalicia como ex comisario europeo y otros 5.700 al mes por ex ministro). A Solbes, pues, le esperaba una jubilación cinco veces mayor que la de cualquier español.”
“PENSIÓN DE ESCÁNDALO: los ex ministros mantienen durante dos años una pensión por cese de 58.000 euros anuales, cifra seis veces superior a la pensión media española. En la actualidad, cuatro ex ministros compatibilizan ese dinero con el sueldo de diputado: José Antonio Alonso, Fernández Bermejo, María Antonia Trujillo y Jesús Caldera.”
“PLÁTANO CANARIO: 60 diputados, pidieron en abril irse a Las Palmas de Gran Canaria para estudiar el cultivo del plátano. Tal y como suena. Sus señorías se habrían embolsado 24.000 euros en dietas por cuatro días.”
“MOROSOS: los miembros de La Casta invirtieron 66,6 millones de euros en la celebración de las elecciones general de 2008. De ese dinero, 44 millones fueron prestados por bancos españoles para financiar campañas publicitarias megalógamas. Estos bancos, ese año de crisis embargó las casas a 60.000 familias por falta de liquidez. 180.000 personas se quedaron sin techo. Sin embargo, los Partidos políticos deben a los bancos 144,8 millones de euros.”
“NEGOCIOS: sólo el 33% de los diputados del Congreso se dedica en exclusiva a su labor política. El resto engorda sus cuentas corrientes con la participación en empresas privadas, fundaciones y colaboraciones varias.”
“NÓMINAS: los sueldos de los políticos electos (80.000 miembros de La Casta, cuestan a los ciudadanos unos 720 millones de euros al año, más que el presupuesto anual de toda la red ferroviaria, tres veces superior al dinero dedicado a cuidar el patrimonio nacional y 60 veces más que lo que gasta el país en salud bucodental para jóvenes.”
“SECRETOS: el oscurantismo sobre los gastos llega al absurdo. El Parlamento Europeo cuenta con una Oficina de Lucha Contra el Fraude. Sin embargo, sus informes son confidenciales. Los votantes pueden saber de las buenas acciones de los políticos, pero sólo La Casta conoce datos sobre el fraude.”
Como ciudadano me cuesta comprender que el erario público sufrague los procesos de fusión bancaria no sólo con las jubilaciones anticipadas sino con ayudas directas para sus procesos de fusión. Las cajas, en este país, han basado su negocio en los préstamos con garantía hipotecaria (entre el 70 y el 85% de su cifra de negocio). Esta orientación estratégica de las cajas ha consolidado un modelo de economía basada en la propiedad de bienes inmobiliarios que ha hecho de locomotora del sector de la construcción. Esta orientación estratégica ha sido voluntaria. Fruto de una decisión empresarial. Hoy, estas cajas de ahorro son las que piden dinero para reestructurarse. ¿Les va a pedir el Estado que presenten un plan de viabilidad basado en un cambio de modelo de negocio? ¿O la reestructuración va a pasar sólo por el recorte de costes fijos por medio de despidos y del cierre de oficinas?
Parece evidente que el Gobierno va a subir los impuestos. Ya nos va preparando con entrevistas como la del El País. Y es que la contabilidad nacional está muy comprometida. Se han reducido los ingresos por IRPF y por impuesto de sociedades de manera notable, se ha incrementado el gasto por subsidios de desempleo y prejubilaciones y encima va a sufragar la mala gestión de la banca y de otros sectores maduros como la automoción (el Gobierno dio al sector 800 millones de euros hace unos meses) y actualmente estamos por encima del 6% de déficit público cuando el máximo permitido por la UE es del 3,2%. La subida de impuestos directos e indirectos es inminente.
La clase política, ahora más que nunca, debe reconducir sus usos y costumbres por respeto a toda la gente que está viendo disminuir su capacidad adquisitiva, su capacidad para encontrar empleo, y su tranquilidad psicológica ante un futuro profesional o empresarial tan incierto. No estaría mal visto por la ciudadanía la publicación de un decálogo de buenas prácticas para la clase política y transparencia total de las cuentas públicas. Todavía hoy la auditoría de las cuentas públicas no es obligatoria ni pública. Las sindicaturas de cuentas deberían publicar cada año las auditorías de todas las instituciones públicas. Si sólo se suben los impuestos y la clase política no da un paso adelante la ciudadanía puede reaccionar muy negativamente, y con razón.
Publicado en: Denuncia, Economía
Email del autor: carlos.sanchez@crisiseconomica2010.com
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SENÉN CAMPOS MACEIRAS
A ESTRADA - 16/02/2.010
